Legislación

El Real Decreto 483/2025, de 17 de junio (BOE de 18 de junio), desarrolla reglamentariamente la Ley 21/2022, de 19 de octubre, que crea un fondo de compensación destinado a personas afectadas por enfermedades derivadas de la exposición al amianto en el ámbito laboral, doméstico o ambiental en España. La norma establece los criterios de acceso, el procedimiento administrativo aplicable y la cuantía de las compensaciones económicas que podrán solicitarse a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), gestor del fondo.

Finalidad y naturaleza jurídica de la compensación

La compensación regulada tiene carácter indemnizatorio y se concede por una sola vez. Está dirigida a reparar los daños en la salud derivados de la exposición al amianto y no se integra en el régimen de prestaciones de la Seguridad Social. Su tramitación corresponde al INSS, que también puede subrogarse en los derechos de la persona beneficiaria frente a terceros responsables.

En el BOE del 16 de junio se publica la Resolución de 9 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación de las actividades preventivas que deberán desarrollar durante el año 2026 las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Esta disposición concreta el marco de actuación previsto en el artículo 5 del Real Decreto 860/2018 y en el artículo 82.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

La Orden PJC/617/2025, de 13 de junio, establece el importe de las tasas por la tramitación de autorizaciones administrativas y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería, en desarrollo de lo previsto en los artículos 44 y 48 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta norma sustituye a la anterior Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, y se adapta a la regulación introducida por el Reglamento aprobado mediante Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre.

La Resolución de 30 de mayo de 2025, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE de 12 de junio, en vigor el 13 de junio y con efectos desde el 1 de enero de 2025), que se publica en desarrollo del artículo 26 de la Orden PJC/178/2025, establece los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes. Estas disposiciones incluyen ajustes según la situación financiera de las mutuas colaboradoras.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de mayo de 2025.

• Normativa de las Comunidades Autónomas

El 21 de mayo de 2025, la Comisión Europea adoptó la Recomendación (UE) 2025/1099, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de mayo. Esta norma no vinculante establece por primera vez una definición armonizada de las «pequeñas empresas de mediana capitalización», también denominadas small mid-cap enterprises. Se trata de una figura que busca cubrir el vacío normativo entre las pymes (definidas por la Recomendación 2003/361/CE) y las grandes empresas, respondiendo a la necesidad de personalizar las políticas públicas conforme al tamaño real y a la capacidad operativa de las empresas.

El Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo (BOE de 28 de mayo), establece un procedimiento reglado y específico para determinar, con carácter previo, los supuestos en que procede permitir la anticipación de la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante coeficientes reductores, cuando las actividades profesionales presentan condiciones de excepcional penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, con elevados índices de morbilidad o mortalidad. Sustituye al anterior Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, al que deroga expresamente.